DERECHOS HUMANOS | ARRANCÓ LA RONDA DE TESTIGOS EN EL JUICIO DE JEFATURA

La experta en Derecho Militar, Mirta Mántaras, brindó un testimonio excepcional, donde explicó porque los militares no pueden justificar su accionar genocida en los decretos presidenciales de Isabel Martínez de Perón; añadió, además, que el del ´76 fue un golpe cívico – militar, que la guerrilla era un grupo muy reducido y que el objetivo de las fuerzas armadas era un cambio radical esencialmente económico, esencialmente político. Al mismo tiempo, detalló que el plan del Ejército fue elaborado durante el año ´75 y tiró por la borda la teoría de los dos demonios. Una declaración pedagógica y técnicamente perfecta, que dejó callado al mismísimo represor Antonio Domingo Bussi. CONTRAPUNTO - De Igual a Igual

“El gobierno democrático (de Isabel Martínez de Perón) estaba muy jaqueado, por una parte por la triple AAA –Alianza Anticomunista Argentina-, que funcionó como un elemento muy desestabilizador; también sufría una fuerte presión de la asamblea de empresarios, dirigida por Martínez de Hoz, que hicieron numerosos lock out (paros patronales). Había otro factor, que era la guerrilla, pero que no tenía la entidad suficiente para significar un problema. Sin embargo, a través del decreto 261/75, el gobierno dio poder a las FFAA para participar de la represión de la subversión, pero en una zona muy pequeña, que era Tucumán”, comenzó detallando Mirta Mántaras, abogada experta en Derecho Militar.
Este decreto es parte de la estrategia central de las defensas de los represores, pues afirman que actuaron, durante la última dictadura militar, como consecuencia de una orden emanada por un gobierno constitucional.
Sin embargo, la experta descartó totalmente esta posibilidad. “Referirse a los decretos podía dar la idea de una continuidad institucional. Nada más alejado en la Argentina. A Isabel de Perón la secuestraron; fue el primer secuestro importante. En segundo lugar, la presidenta jamás renunció. Al no haber renunciado nunca, la ilegalidad del golpe militar anula validez jurídica a todos los actos posteriores. Ella no renuncia, es secuestrada y les quita toda posibilidad de continuidad institucional”, indicó.
Esta orden gubernamental establecía claramente que toda la acción que se desarrollara en el marco de la lucha contra la subversión debía pasar por los jueces; como había Estado de Sitio permitía allanamientos, pero siempre había que informar a los jueces. “Según declararon los ministros de Isabel en el juicio a las juntas no se había decretado aniquilar en el sentido de eliminar, sino en el de parar la actividad”, determinó.
Entonces había una preocupación de que el patio trasero de Estados Unidos no sufra agitación social en el marco de la guerra fría. Esta postura le venía bien a los sectores poderosos, económicos, políticos; la presidenta Perón sufrió mucha presión, mucho boicot de los empresarios, desestabilización por parte de la triple A. “Por eso el golpe fue una acción cívico – militar”, manifestó Mántaras.
En este marco, se dictan los decretos que crean un Consejo de Seguridad Interno, presidido por la Presidente y sus Ministros, donde los militares eran asesores. “Pero ahí hay un corte; porque inmediatamente el consejo de seguridad interno se disolvió. Las tres fuerzas dictan sus propios planes de represión.; queda así el poder político aislado y se pasa de la faz defensiva a las operaciones ofensivas”, planteó.
La excusa de la guerrilla, para la abogada, fue sólo eso: una excusa. “Se produjo una represión que permitió cuantificar por medio de diversas formas, que la guerrilla no llegó nunca a tener más de 80 integrantes. Es importante esto, porque la magnitud de la represión comprendió batallones, unidades aereotransportable, etc.”, expresó.
Además, quedó claro que el fin de la guerrilla como tal se dio luego del fallido asalto al Monte Chingolo, donde la fuerza político – militar, el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) sufrió numerosas bajas. “El 30 de enero de 1976 el general Videla dice que se ha asestado un golpe mortal a la guerrilla, que perdió capacidad operativa para actuar militarmente. ¿Qué era lo esperable entonces? Que los militares volvieran a los cuarteles; pues ya había aniquilado el enemigo”, dijo Mántaras.

Un plan sistemático

La experta brindó una serie de pruebas que demuestran que las Fuerzas Armadas tenían decidido dar el golpe de Estado desde hacía mucho tiempo. Tan es así, que elaboraron un plan del ejército durante el año ´75. “El plan es una radiografía del golpe militar, que indica detalladamente como debía actuar cada persona. Ya en ese año tenían el plan del golpe aprobado por Kissinger (entonces Secretario de Estado de Estados Unidos)”, explicó.
La abogada manifestó que no era solamente el plan del golpe militar, sino que tenía todos los principios rectores de lo que significa “el ataque de las FFAA de un país contra su propio pueblo, el romper el reglamento de la defensa nacional, el de adherir a la lealtad de otros países, como Estado Unidos, para atacar a su propio pueblo, para matar a su gente, para torturar a las mujeres, para desaparecer a su población”.
El objetivo de ese golpe de Estado era un cambio radical esencialmente económico, esencialmente político. Entre estos, estaba la privatización de las empresas públicas, el achicamiento del Estado. Se hicieron negocios turbios, paralelos a las matanzas; de ahí salen todas las cuentas suizas. “El proyecto estaba dirigido, en primer lugar, a convencer a la población de que no le dieran crédito a quienes les planteaban la reivindicación de derecho y todo lo que significara agitación social; y en segundo lugar, que tenían clara conciencia que el problema no era la guerrilla”, planteó Mántaras.

Todos son oponentes

Este plan del ejército establecía la definición de lo que es el oponente. Dice allí que oponente es todo aquel que intente evitar la toma del poder por las FFAA y también todo aquel que de cualquier forma entorpezca el gobierno de las FFAA a establecer. “Vean lo amplio que es el oponente. O sea, todo aquel que no esté de acuerdo. No eran objetivos políticos, sino el objetivo eran los militantes de ciertos derechos. No era “político”. ¿Qué tenían que ver los niños con la política, los adolescentes que estaban en organizaciones secundarias?”, interpeló la defensora de los Derechos Humanos.
Para sus operaciones, contaban con el reglamento de operaciones contra elementos subversivos, que decía que “al agitador hay que eliminarlo, porque así se evita el crecimiento de esta cuestión. Pero el agitador es el militante; militantes hay en todos los partidos políticos. Nada más legal en la democracia que el militante, que el agitador, que terminaba siendo el máximo elemento de la subversión”.
Dice el reglamento que se debe incidir en la población, no en general, sino el sector social que percibe bienes que podría alcanzar (educación para sus hijos, casa para sus hijos, aumentos de sueldo, etc.), pero que si no los alcanza es debido a las políticas estatales económicas. “El reglamento dice que aquel que tiene conciencia de que esto le pasa por las políticas públicas es donde el agitador agita, creando problemas reales o supuestos; estos problemas son los que utiliza la subversión. Se amplía el concepto de subversión; ya no son solo los guerrilleros, sino también los agitadores que se dirigían a esos sectores sociales”, detalló la abogada.
La actividad en la ciudad era lo que les importaba a los militares en esta experiencia piloto que se implementó en Tucumán a partir del ´75 cargada de acción sicológica; “la propaganda estaba dirigida a determinados sectores bien clasificados. Esa propaganda era, junto a la inteligencia militar, las armas más importantes para ir certeramente al objetivo”, explicó Mántaras.

Ni obediencia debida…

Consultada acerca de la posibilidad de los militares de ampararse en la obediencia debida, lo rechaza sin atenuantes. “Cae por una cuestión técnica militar. La orden de servicio nunca puede ser ilícita. Porque la estructura de las FFAA es netamente legal y tiene que adecuarse a la constitución en todos sus aspectos y subordinarse a las instituciones civiles en todas sus medidas. Tiene que haber legitimidad en la orden, proveniente de los superiores; y esa orden tiene que ser lícita”, explicó.
Así, la abogada dejó en claro que los militares no podían aceptar una orden que iba en contra de las leyes vigentes.

CONTRAPUNTO | Prensa Alternativa

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