Al sur de Mendoza, en la ciudad de San Rafael se abrieron los juicios a represores de la última dictadura cívico-militar. Los acusados son el coronel Aníbal  Guevara, los miembros de la policía provincial de Mendoza: Raúl Ruiz Soppe (Jefe de la Unidad II), Juan Roberto Labarta (Oficial del Centro Clandestino de Detención D2), José Martín Musiere (comisario retirado). También son acusados los civiles: Cristóbal Ruiz Pozo (médico) y Raúl Egea (abogado).

Desde las 9 de la mañana se juzga la participación de los acusados en la desaparición de cuatro personas: Francisco Tripiana, Roberto Osorio, José Berón Llanos y Pascual Llanos. Quienes entre marzo y agosto del 1976 fueron secuestrados y aun hoy se encuentran desaparecidos. Los jueces que se encuentran al frente del proceso judicial son los doctores: Roberto Julio Naciff, Héctor Cortés y Jorge Roberto Burad. Dos de ellos ya fueron parte de los juicios abiertos en la provincia de San Luis el año pasado.

Constituidas las familiares como querellantes en las cuatro causas, la defensa pidió que no se abriera el debate y se pasara a cuarto intermedio; pedido que fue desestimado por los jueces de la causa y se comenzó con la lectura de la acusación. El acusado Cristóbal Ruiz Pozo, fue internado en un hospital de San Rafael al sufrir una descompensación, por lo cual no se encuentra presente en el aula de la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria de la Universidad Nacional de Cuyo; lugar donde funciona el Tribunal Oral Federal No. 2. La calle San Martín, donde se encuentra apostado el edificio de dicha casa de estudios, ve a cientos de militantes de distintas organizaciones y familiares de las víctimas que han llegado hasta las mismas puertas para expresar la urgente condena a los acusados.

En la provincia cuyana hay 237 asesinatos y desapariciones, como denuncian los distintos organismos de DDHH. A principios del mes de marzo, la Justicia Federal de Mendoza, debería haber abierto las causas en Mendoza capital; sin embargo hubo una nueva postergación, lo cual pone en relieve las dificultades, a partir de las vinculaciones con sectores de poder, para llevar adelante estros juicios. Mariano Tripiana, hijo del desaparecido  Francisco Tripiana, dijo que “la apertura de las causas en San Rafael debería destrabar el resto de las causas de Mendoza capital. La justicia ha dejado en libertad a varios represores, pero las causas van a avanzar y esto que pasa en San Rafael va a permitir que pronto se juzgue al resto de los represores”.

Desde temprano se leen las acusaciones, donde los ejes más importantes están relacionados con la militancia, causal de sus desapariciones. El ejemplo más claro tiene que ver con la detención de José Guillermo Berón, quien fue detenido, según la causa, por hacer pintadas del ERP-PRT y esa era una actividad subversiva, contraria a los intereses de Isabel Martínez de Perón.

En la sala se encontraba el senador nacional del radicalismo, Ernesto Sanz, quien además de ser sanrafaelino, los organismos de DDHH denunciaron la relación del senador con el abogado de la defensoría de los represores, Tíndaro Fernández, quien era socio del mismo en el estudio jurídico que compartían. Al consultarle acerca de la relación con Fernández, Sanz contestó: “no tengo la menor idea. He venido como militante político a apoyar el juicio y a apoyar a los querellantes y a los fiscales. Me extraña, no tiene absolutamente nada que ver. No se de qué se trata”. Sin embargo, militantes que se encontraban en la puerta y dentro del recinto afirmaron que “es algo que se conoce en todo San Rafael que Sanz era socio de Tíndaro Fernández”.

A la una se aceptó por ambas partes un receso hasta las 17 horas, donde se continuará con la lectura de la querella, la cual hasta el momento ha sido leída en un 75% del total del cuerpo del expediente.