Jorge Julio López desapareció en la madrugada del lunes 18 de septiembre de 2006, horas antes de que se lleven a cabo los últimos alegatos contra el represor Miguel Etchecolatz en La Plata. Fue en el marco del primer juicio por crímenes de lesa humanidad después de la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final.
Inmediatamente se conoció la noticia, desde los organismos de Derechos Humanos se denunció el hecho: López estaba desaparecido. La justicia tardó más de un año en aceptar ese carácter y sacarle por “ineptitud manifiesta” la investigación a la policía bonaerense, principal sospechosa de haber sido autora o cómplice en su secuestro y desaparición.
Ese tiempo fue determinante para encubrir a los sospechosos y licuar la posibilidad de seguir pistas firmes. Nilda Eloy, de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD) retrató ese camino: “tres meses se tardó en  llegar a que se reconociera que es un secuestro. Tardamos casi un año y medio (mediados del 2008), donde la cámara determinó que esto no era un secuestro cualquiera, que implicaba el delito de desaparición forzada de persona y definió apartar de la causa a la policía provincial, que era lo que nosotros habíamos pedido, aunque por complicidad”.

En 2010, al cumplirse 4 años de la desaparición de Julio, el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia (EMVyJ) que aglutina a organismos de Derechos Humanos de Buenos Aires relataba el alcance y lo movilizador del hecho. “A pesar de la incredulidad, miles salimos a la calle en La Plata, el viernes de esa misma semana, gritando desesperadamente y después de tantos años: Ahora, resulta indispensable, aparición con vida y castigo a los culpables”.
Esos primeros días dejaron entrever una inacción que se transformó en cierta medida en complicidad por parte del poder político. “Aunque entonces no lo entendiéramos en profundidad, al finalizar esa primera marcha escuchamos de boca del entonces gobernador Felipe Solá, una frase que anticipaba la política de la que no se apartarían ni un ápice los sucesivos gobiernos provincial  y nacional. Esa noche, aceptando la responsabilidad de la Bonaerense nos dijo: peligra la gobernabilidad de la fuerza” denuncia el EMVyJ. El ministro Aníbal Fernández en sus primeras declaraciones sobre el tema manifestó que era posible que Julio López “esté escondido en lo de una tía”.
En 2008, una incansable luchadora por los Derechos Humanos, la abogada Adriana Calvo (recientemente fallecida) denunciaba que “está más claro que nunca que el Gobierno sabe desde hace mucho que la policía secuestró a López y me atrevo a decir más, que deben saber qué sector y con el apoyo de quién”. La coordinadora Justicia Ya! de La Plata comparte y apunta a la policía y los organismos represivos aún en esa fuerza y en el Estado, como responsables de la desaparición.
“No le está pasando a mi viejo, puede ser tu hermano, tu tío, tu primo, nos está pasando a todos los argentinos” decía uno de los hijos de López a los meses de sucedido el hecho.

 

La causa
El caso tuvo una sucesión de cambios, de jueces y de fueros y está virtualmente paralizado desde hace 2 años. “Cada tanto rebrota con algún montaje mediático y con continuas irregularidades que llegan al mismo resultado negativo. Cinco años ya que exigimos rigurosidad en  las numerosas líneas de investigación que existen desde el inicio de la causa y se castigue a todos los responsables, sean autores intelectuales, materiales o cómplices del secuestro y desaparición forzada”, manifestaron desde la AEDD. Según los abogados querellantes, la causa es una muestra de las maniobras de impunidad y encubrimiento.
En una nota aparecida en el boletín “Sin López no hay nunca más” editado en 2008 por colectivos de prensa alternativa, ya se marcaba que el ex ministro de Seguridad bonaerense León Arslanián había reconocido pocos días después del secuestro, que había sectores enteros de la policía bonaerense que no podían ser controlados por el gobierno de Felipe Solá.
La policía bonaerense contó con el aval de los jueces que delegaban operativos completos, cuando esa institución era la denunciada. El mismo juez Arnaldo Corazza reconoció que el ex ministro Alberto Iribarne fue responsable del primer operativo frustrado en Marcos Paz, penal donde están alojados Etchecolatz y otros genocidas.
Guadalupe Godoy, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre afirmó que la responsabilidad del gobierno nacional es “no haber hecho absolutamente nada para controlar y sancionar a los funcionarios políticos, judiciales y de las fuerzas de seguridad que obstruyeron la investigación ya sea por desidia, ineficacia o complicidad, como quedó demostrado en la causa”.

 

Las causas
La desaparición forzada de un testigo en un juicio por delitos de lesa humanidad es un mensaje contundente. El aparato represivo no fue desarticulado y sigue instalado en las fuerzas de seguridad. Tiene la operatividad para desaparecer a López.
HIJOS La Plata afirma en este sentido que “la historia nos ha enseñado que, en la mayoría de los casos, las desapariciones forzadas implican el secuestro, la tortura, el asesinato y el ocultamiento del cuerpo, y son perpetradas por fuerzas de seguridad o para policiales con un objetivo claro: el disciplinamiento de los opositores políticos. Eso es lo que pasó con Julio López, su secuestro y desaparición fueron y son un hecho político. El mensaje de este crimen tiene múltiples funciones, por un lado es un aviso al gobierno para que suspenda los juicios a los genocidas, y por otro de amedrentamiento de los testigos en los juicios, y un intento de volver a sembrar el terror y la pasividad en la sociedad toda”.
Godoy agrega que “el Estado no tuvo una planificación política de lo que iban a ser los juicios, más allá de la anulación de las leyes, después no se planificó cómo juzgar. Por lo tanto, tampoco se caraterizó que grupos o sectores de poder iban a intentar frustrarlos”. Agrega que la segunda gran responsabilidad es haber negado la existencia de la desaparición los primeros tres meses, más allá de las declaraciones de Solá que reconoció que se trataba de un desaparecido. “Se intentó instalar desde la investigación judicial, pero también desde los distintos funcionarios que declaraban era la idea de alguien perdido. Una de las consignas que se instalaron fue ‘busquemos a Julio’ como si fuese alguien que se había perdido o escondido. Fue muy duro durante ese tiempo, porque en la sociedad hay un mecanismo en el que un desaparecido es una duda, un interrogante como decía Videla, y el gobierno mandaba un mensaje esquizofrénico, porque se hablaba de López perdido pero se generaban miles de programas de protección de testigos”.
Cinco años pasaron de este hecho que es un símbolo doloroso para nuestro país. No del tipo que pretendieron los secuestradores, los asesinos y defensores del genocidio cívico militar. Porque la ausencia de Julio López no puede hacer retroceder lo inevitable por lo que lucharon miles: la justicia. Reafirmar que no habrá ni olvido ni perdón, pero sin López no hay nunca más que valga.