Hoy, a cuatros meses de la Masacre de Moreno, quienes conformamos la Comisión Investigadora Independiente, sostenemos el objetivo de esclarecer inmediatamente los acontecimientos del pasado 1ro de enero, intentando dar cuenta de que no fue un hecho aislado, sino que es parte sustancial de un entramado, de una problemática estructural, en la cual conviven distintos intereses y que implican a diversas esferas del poder policial, judicial y político.

Reafirmamos el compromiso con los familiares y compañeros de los jóvenes asesinados, quienes han encarado los primeros esfuerzos para evitar que el asesinato del Patón, Jere y Mono se viera ocultado bajo el manto de la impunidad. Su enorme valentía nos sigue impulsando a buscar justicia.

Actualmente la causa se encuentra en la etapa de instrucción, momento en el que se recaban elementos probatorios que justificarán el procesamiento de los imputados si el Juez entiende que las pruebas colectadas resultan suficientes para sostener que probablemente los imputados fueron los autores del hecho. En este sentido se expidió el Juez Caterina al procesar a Sergio "el quemado" Rodríguez, pero aún resta resolver la situación de los demás imputados: Alejandro "teletubi" Delgado, Brian "pescadito" Sprio, Brian "damiancito" Romero y el recientemente indagado Mauricio "maurico" Palavecino. En la investigación judicial algunos datos son contundentes y llaman la atención porque develan un entramado de coincidencias en cuanto a la dinámica del hecho, ya sea por el potencial de armamento disponible; los llamativos e injustificables recursos económicos; el nivel organizativo de quienes se encuentran actualmente
imputados y procesados por la justicia; como también la aparición de decisivas pruebas que apuntan a demostrar que la masacre de Moreno tuvo responsables materiales, con nombre y apellido, a los cuáles el poder judicial debe juzgar con todo el peso de la ley para que este crimen no quede impune.

Si bien a lo largo de los 12 cuerpos de la causa se produjeron diversas pruebas que sindican e incriminan directa y claramente a todos los imputados, consideramos necesario que se continúe con la etapa de instrucción a fin que se realice una investigación profunda e integral sobre la connivencia criminal que posibilitó la masacre de Moreno. Fundamos esta valoración en los avances que fue adquiriendo el proceso judicial, donde se han acercado a la causa denuncias, testimonios y pruebas de la existencia de un claro entramado de complicidades que implican a funcionarios de jerarquía policial.

En este sentido, consideramos más que pertinente que se avale el pedido que elaboró el Juez Caterina; quien durante sus actuaciones en la causa solicitó al Señor Procurador de la excelentísima Corte Suprema de Justicia que, si se considera pertinente, se disponga una investigación integral que permita analizar y relacionar los homicidios de similares características ocurridos en los últimos tiempos de la ciudad de Rosario, el tráfico ilegal de estupefacientes que pueda estar relacionado con ello y el adecuado deslinde de las eventuales responsabilidades funcionales que puedan caber. Lamentablemente no se observa en la causa ninguna respuesta de parte de la procuración, pero estas líneas son una confesión de los límites del Poder Judicial. Si no hay orden o sugerencia escrita, no habrá investigación integral.

Por este motivo, valoramos positivamente los últimos pasos dados por el actual juez de la causa, Juan Andrés Donnola, en el sentido de imputar a dos de los policías implicados en los hechos. Los efectivos indagados son el ex jefe de zona Nº 3, comisario inspector Eduardo Carrillo, y el suboficial Centurión, que trabajaba en esa área; quienes 12 horas después de los hechos se encontraron -a instancias del Quemado Rodríguez- con la novia de Maximiliano Rodríguez en una estación de servicios, dando claras cuentas de haber sostenido conversaciones telefónicas con el padre del mismo una vez sucedido el Triple Crimen. Creemos que la investigación integral, debe seguir necesariamente por marcar, responsabilizar e individualizar las responsabilidades policiales que posibilitaron la masacre. Por esto, además de exigir la desvinculación inmediata de la fuerza policial de cada uno de los implicados exigimos también un accionar del Poder Judicial que indague y avance sobre la complicidad de los efectivos policiales:

- El responsable de la guardia policial del HECA de apellido Martín, que definió no ingresar al hijo del Quemado en el registro de guardias;
- El Comisario Inspector Carrillo y el suboficial Centurión que se reunieron, sin dar conocimiento a la policía, con la novia de Maximiliano Rodríguez;
- El Comisario Santana, ex responsable de la Comisaría 15, que tiene la zona de los hechos bajo jurisdicción, quien no solo entorpeció los primeros pasos de la investigación policial y judicial, sino que su relación con Ezequiel Villalba puso en peligro la vida de los familiares, vecinos y testigos, demorando su detención durante semanas.

Por otro lado, existen, además de una valoración de la dinámica propia del proceso judicial, algunas observaciones que se ciñen sobre la operatoria del poder político en estos meses de investigación. De público conocimiento fueron las repetidas situaciones de tensión que vivieron los familiares de las víctimas a partir de la noche del 24 de marzo, noche en la cual allegados a Ezequiel "el negro" Villalba amenazaron con armas en mano a la madre de Claudio "Mono" Suárez ante la mirada pasiva y cómplice del personal policial, generando así un escenario de temor en el conjunto de los vecinos del barrio, algunos de los cuales prestaron valiosísimos testimonios en el marco de la causa.

Lo que jamás trascendió fueron las serias presentaciones de advertencia que se hicieron para prevenir el desenlace anteriormente descripto. Con fecha 23 de enero, familiares de las víctimas y militantes del Movimiento 26 de junio-Frente Popular Darío Santillán (agrupación en la cual participaban Jere, Mono y Patón) comparecieron ante el Juez Luís María Caterina para denunciar que circulaban por el barrio motos con gente armada y exigieron así mayor patrullaje policial en el perímetro delimitado por la intersección de las calles: Biedma, Dorrego, Moreno y Presidente Quintana. Haciéndose eco de esta denuncia, las actuaciones judiciales avanzaron en solicitarle al Ministerio de Seguridad de la Provincia, con fecha 31 de enero, "que disponga según su leal saber y entender, las medidas que estime necesarias para garantizar en la mayor medida posible la convivencia pacífica en la zona donde ocurrieron los hechos ocurridos entre calle Biedma, Dorrego, Moreno y Presidente Quintana pues aparece como imprescindible (más allá de las consideraciones de política general que se puedan hacer y que son de su competencia funcional) para que la ciudadanía se sienta en condiciones tales como para prestar su concurso para la continuación y profundización de la presente causa".

El accionar del Ejecutivo Provincial fue tardío, a pesar de que desde los primeros días no faltaron advertencias para que redoblara el esfuerzo en proteger a los allegados de las víctimas del Triple Crimen, además de colaborar en la ineludible tarea de sostener un marco de protección y seguridad para el barrio en su conjunto, atendiendo a que muchos de los vecinos testimoniaron en la causa cuerpeándole a la indefensión y el miedo, y deberían refrendarlo en un escenario de juicio oral.

Cada vez que reafirmamos que el asesinato del Patón, Jere y Mono no fue un hecho aislado, sino que forma parte de una realidad que atraviesa, cada vez más, la realidad de todos los barrios de nuestra ciudad; lo hacemos fundados en el hecho del recrudecimiento de esta situación, que se presenta como crítica a partir del aumento del numero de muertes violentas y de la impunidad con la que se mueven las bandas que manejan el narcotráfico. Nos preocupa en este sentido, la ausencia de una respuesta estatal efectiva e integral, que lleva a que sean los mismos vecinos quienes, legítimamente preocupados por la seguridad de sus barrios, actúen contra los kioscos donde se comercializan drogas, quemándolos. Ante la falta de políticas para abordar esta realidad, el Gobierno Provincial, responde con rimbombantes cambios en la jerarquía policial, que además de ser tardíos, promueven a funcionarios policiales con antecedentes en causas de gatillo fácil o vinculados con el asesinato de Sandra Cabrera.

Finalmente, queremos también mencionar un hecho que nos preocupa intensamente ya que fueron varios los sucesos donde se intentó coartar la libertad de acción y denuncia de periodistas que pusieron en evidencia diversos hechos delictivos vinculados con el narcotráfico. Los aprietes y las cartas documentos no silenciarán el accionar comprometido de algunos trabajadores de prensa, que cuentan con nuestro más absoluto apoyo, porque sabemos que su trabajo es garantía para acabar con la impunidad reinante.

Una vez más, repetimos que lo expuesto aquí nos brinda un marco de certezas claro y contundente de cara a la lucha que aun nos queda por delante. Quienes componemos la Comisión Investigadora Independiente nos constituimos con el objetivo fundamental de garantizar que todos los responsables de la masacre del 1° de año sean condenados. Queremos ir al fondo de los hechos, buscando desentrañar todas las complicidades que pudieran existir. Por último, queremos trabajar de cara a toda la sociedad buscando desocultar las causas profundas de una violencia social que se ensaña con los más débiles. Aspiramos a hacer un aporte en el camino de construir una sociedad más justa.

Comisión Investigadora Independiente
del triple crimen de Moreno
Mayo de 2012

 

AUDIOS:

"No queremos que quede ninguno de los imputados en libertad y sin proceso"

María Eugenia Rodríguez, del Espacio de DDHH del FPDS Rosario, habla sobre el Segundo Informe de la Comisión Investigadora Independiente presentado el mismo miércoles.